Pensilvania demanda al Gobierno de Trump por la detención de menores inmigrantes
Un total de 19 estados han interpuesto una demanda contra la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por modificar un acuerdo sobre la detención de menores indocumentados, que llevaría a encierros prolongados de los afectados.
La demanda busca proteger las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, un pacto firmado en 1997 que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, premisa que quedó modificada tras una nueva regulación dada a conocer la semana pasada.
“Ningún niño merece ser sometido a condiciones inapropiadas y perjudiciales para su edad”, y se les debe garantizar servicios médicos y de bienestar, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en Sacramento para presentar la demanda.
“Estamos llevando a la Administración Trump a los tribunales para proteger a los niños del daño irreparable causado por la detención ilegal e innecesaria”, agregó el procurador de este estado, que lidera la demanda junto a Massachusetts.
Otros estados que participan en la demanda son: Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
La acción legal, presentada en el tribunal del Distrito Central de California, argumenta que la regulación dada a conocer el pasado miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina varias protecciones garantizadas por el Acuerdo Flores, entre ellas la detención prolongada de menores y con el consecuente efecto en las comunidades que los reciben tras su liberación.
En ese sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que “una vez más, el presidente Trump está haciendo caso omiso de los derechos humanos básicos y está utilizando niños inmigrantes indefensos como peones políticos para promover su agenda ideológica”.
Al presentar el plan gubernamental, el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kevin McAleenan, dijo que los efectos del acuerdo debían haber durado unos cinco años y que la futura medida, que se prevé entre en efecto a fines de octubre, “elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños”.
La querella interpuesta a finales de agosto alega, sin embargo, que la nueva política interfiere con la capacidad de los estados para garantizar la salud, la seguridad, y el bienestar de los niños, debido a que socava los requisitos de licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran los niños.
Fuente Externa/Medios Locales/Agencias
