Senadora dominicana quiere penalizar la fullería en salones y barberías de Nueva York

NUEVA YORK.- Antes de perder los $300 dólares que costaba el tinte, corte y secado de cabello que había hecho, Cándida Vázquez siguió a su cliente de cajero en cajero por la avenida Broadway, en el Alto Manhattan. Fue en el cuarto intento que “milagrosamente” logró obtener el efectivo para pagarle a la estilista.

Así Vázquez se salvó de ser víctima de un robo que en el estado de Nueva York no se considera un acto criminal: clientes que se arreglan el cabello y no quieren pagar.

Pero esto cambiará pronto, si se aprueba una reforma a la ley penal estatal presentada por la senadora por el distrito 31, Marisol Alcántara, que busca proteger a los profesionales de la peluquería y la barbería de estas ofensas, penalizando a quienes se niegan a pagar por los servicios recibidos en salones de belleza y barberías.

“Yo aprendí la lección”, admitió Vázquez, peluquera dominicana con más de 30 años de experiencia, recordando cuando otra clienta se negó a pagarle. Vázquez invirtió dos horas y media en el trabajo valorado en $160 dólares. La mujer —recuerda— “armó un berrinche” para no pagar.

“Yo tenía poca experiencia aquí y ella hablaba inglés; por eso me dio miedo y la dejé ir”, contó la estilista que trabaja en Piscis Salón, en Washington Heights.

Esa vez lamentó no actuar como la dueña de un salón en el que trabajó antes. “Cuando la clienta no le quiso pagar, ella cerró la puerta y le echó un cubo de agua en la cabeza”, dijo riendo. “Ahora soy más precavida, porque hay mucha gente descarada”.

Como robarse el cable

La propuesta S-6343A de Alcántara establece que el robo de estos servicios es un hurto de un bien intangible, un delito menor similar al robo de la señal de cable y de teléfono.

“Los barberos y peluqueras no están protegidos porque hay un vacío en la ley vigente y estos rubros de servicios no fueron incluidos”, explicó la legisladora que representa a Washington Heights, Inwood, parte de El Bronx, y del Oeste y Centro de Manhattan.

Lo que propone la enmienda es que estos infractores puedan ser arrestados y culpados de “cargos penales por incumplimiento de pago”, destaca Alcántara.

Se calcula que en NYC hay unos 10,000 salones de belleza. La mayoría están en manos de hispanos y en cada uno trabajan al menos dos empleados. Un arreglo de cabello puede costar de $20 a $300.

Martha Castillo, quien desde los 12 años trabaja en el ramo de la peluquería, aún se enoja por los $150 dólares que perdió tras hacerle una permanente a una clienta. “Se llevó hasta los rolos y aún la estoy esperando”, contó molesta.

Yo en ese tiempo no tenía papeles y le tenía miedo a ese tipo de personas”. En una ocasión, una anciana fingió desmayarse para no pagarle $145 dólares. “Después me dijeron que ella era famosa por eso en otros salones”, recordó resignada.

“Estos trabajos son un riesgo, porque no puedes pedir el pago por adelantado y, si decides no atender a alguien, te pueden acusar de discriminación”, explicó Castillo.

Como ella, el barbero Rafi Villar ahora desarrolló un instinto para desconfiar de esos clientes que “llegan pidiendo de todo”.

Las apariencias engañan, como cuenta Villar de un hombre “muy elegante y bien trajeado” al que le cortó el pelo. “El me dijo que se le había quedado la cartera en el carro y cuando me di cuenta él se montó en el carro y se fue”.

El barbero, que labora en Jordan MVP Barber Shop en el Alto Manhattan, ha tenido que lidiar con clientes que hasta lloran para no pagarle $20 dólares, como el joven que “hasta dos lágrimas sacó diciendo que la pelada no era lo que él quería. Yo no pensé en detenerlo, porque solo quería que se fuera”.

“Eso tienen que ponerlo como un caso criminal, porque hay mucha gente que abusa”, puntualizó aún molesto.

Por miedo o impotencia, casi ninguno de las estilistas y barberos llama a la Policía. Por no ser una ofensa criminal, igual nada podrían hacer los agentes.

Hasta ahora la única opción es hacer una demanda civil en contra de los infractores.

La propuesta S-6343A de Alcántara establece que el robo de estos servicios es un hurto de un bien intangible, un delito menor similar al robo de la señal de cable y de teléfono. El artículo completo aquí