Policía de Pensilvania detiene a conductores latinos por su perfil racial y los entrega al ICE, según ACLU


Fuente Externa/Social Media

¿Están los agentes del estado de Pensilvania utilizando ilegalmente los perfiles raciales para ubicar a los automovilistas hispanos en las paradas de tránsito y poder así verificar su estado migratorio? Para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) la respuesta es más que afirmativa.

Según una demanda federal presentada este jueves por la ACLU, patrulleros de la policía estatal han violado la ley de forma rutinaria al detener a las personas basándose únicamente en su apariencia latina, “aterrorizando a conductores y pasajeros mientras usurpaban la autoridad federal” para investigar supuestas violaciones de inmigración.

Los abogados de esta organización defensora de los derechos civiles han agregado una enmienda a una demanda presentada en abril. En total son 10 conductores que demandan a siete agentes o “troopers”.

De acuerdo con la demanda, los policías se involucraron en una práctica o “patrón” de detener a las personas de perfil latino que viajan por las carreteras interestatales y estatales, a  fin de investigar su estado migratorio.

Describe cómo los patrulleros les piden repetidamente a los conductores y pasajeros sus “papeles”, a menudo sin investigar realmente una violación de un vehículo motorizado, y se niegan a permitir que éstos salgan en libertad hasta que los agentes hayan contactado a las autoridades federales de inmigración.

Testimonios

Una de las demandantes es Rebecca Castro. En mayo pasado ella conducía desde su casa en el condado de Luzerne a Maryland, con su actual esposo y un compañero de trabajo.

Un agente la detuvo cerca de Dillsburg, en el condado de York. Dijo que su vehículo parecía sospechoso. Y luego, dijo Castro, tuvo que esperar más de dos horas mientras él llamaba al ICE e interrogaba a sus pasajeros.

“Estaba realmente asustada porque sabía que algo iba a pasar”, dijo la mujer según relata en un artículo la organización WHYY.

Castro es ciudadana estadounidense, así que no tuvo mayores inconvenientes.

Rebecca Castro y su esposo Carlos Amaya-Castellanos (Fuente Externa/WHYY).

Pero su esposo y su compañero de trabajo fueron arrestados y puestos en proceso de deportación. Su esposo, Carlos Amaya Castellanos, fue posteriormente liberado bajo fianza.

El director legal de ACLU, Vic Walczak, sostuvo que el caso de Castro es solo uno de muchos ejemplos de patrulleros que han sobrepasado los límites de su autoridad.

“Estas son paradas donde la policía estatal está en una expedición de pesca basada en la apariencia de la persona”, dijo el profesional del derecho.

Fuente Externa/Medios Locales


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