Implicados en caso de corrupción devuelven al Estado casi RD$2,000 millones
El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, alías Mimilo, y Fernando Crisóstomo Herrera, involucrados en el caso de corrupción Calamar, acordaron devolver al Estado 1,816,770,078 pesos en efectivo (Unos US$30 millones) y otros bienes tras negociar con el Ministerio Público, que desistió de la acción penal en su contra, acuerdo que está pendiente de ser aprobado por el tribunal.
Según documentos inherentes al proceso, Herrera concertó con el órgano persecutor que “el pago deberá ser efectivo previo a la homologación judicial” del criterio de oportunidad, cuya audiencia está pautada para el día 13 de este mes de junio.
Crisóstomo Herrera “autoriza de manera voluntaria que sea decomisado en favor del Estado dominicano la cantidad de “mil cientos uno millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos (1,101,770,078.50.00)”, a través de “cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otro bien”.
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Asimismo, según publica Diario Libre, Mimilo convino entregar “715 millones en efectivos y bienes inmuebles”. Ambos señalados son partes de los delatores del expediente, que asumieron su responsabilidad de asociación de malhechores, sobornos y lavado de activos.
CAMPAÑA DEL PLD
La Pepca acusó formalmente a 34 personas y 13 empresas de estafar al Estado con más de RD$41 mil millones mediante “contratos de cesiones de créditos simulados sin causas o por causa de pago de deudas inexistentes, entre los propietarios o supuestos propietarios de los terrenos expropiados o inmuebles adquiridos”, declarados de utilidad pública.
Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo, y Fernando Crisóstomo Herrera, implicados en el caso de corrupción Calamar, han acordado devolver al Estado 1,816,770,078 pesos en efectivo y bienes tras negociar con el Ministerio Público, que retirará la acción penal contra… pic.twitter.com/MRtTwUDz4S
— Somos Pueblo Media (@RDSomosPueblo) June 4, 2024
Además, a través de sobornos a contratistas para financiar “ilícitamente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo”, quien es uno de los principales imputados, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
A Fernando Crisóstomo se le señala como el que identificaba los casos que podían ser de reclamos de pagos de deuda administrativa al Estado por expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), mientras que Jiménez Collie (a) Mimilo fungía como el contacto directo con el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz y la estructura no gubernamental que manejaba Fernando Crisóstomo.
A ambos también se les vincula como parte del esquema de cobro ilícito a bancas deportivas y de loterías, a las que se forzaba a pagar una mensualidad como forma de soborno, bajo la amenaza de cierre.
